López Donaire: “La Administración pública debe conducir su actividad de acuerdo con los más altos estándares de integridad y buena gobernanza”
¿Cuáles son las potencialidades de la sección?
La Sección cuenta con profesionales expertos en materia de Compliance, procedentes tanto del ámbito privado como del ámbito público proporcionando una visión 360º de la materia. Sin duda esta es su gran potencialidad.
¿Y qué objetivos os marcáis lograr con el trabajo de la sección?
Queremos crear un espacio de opinión, e investigación científica así como el foro adecuado para impulsar “buenas prácticas” que coadyuven a la mejora de la gestión pública y prevención de la corrupción.
También queremos poner de manifiesto el más firme compromiso de la Corporación Académica con el Compliance en el Sector Público, con la ética e integridad institucional. Así como formar, concienciar e involucrar a las Administraciones territoriales, Diputaciones, empresas públicas sobre la importancia de implementar programas de Compliance
Por último, buscaremos también promover estudios e investigaciones que contribuyan a mejorar la situación de las mujeres en el sector público.
Actualmente, ¿Tenéis algún proyecto en marcha?
Uno de los proyectos que pronto verá la luz es la publicación del libro “La directiva de protección de los denunciantes y su aplicación práctica al sector público” dirigida por Jordi Gimeno Beviá, miembro de la Sección de Compliance y por mí, Belén López Donaire, como Presidenta de la Sección y en el que han participado no sólo miembros de la Sección sino también otros profesionales como Concepción Campos Acuña, María Ortiz, Eduardo Navarro o Miquel Fortuny entre otros.
Estamos muy ilusionados con esta obra que permitirá al lector conocer en profundidad la Directiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y su aplicación al sector público.
Y ello se hace indispensable, toda vez los canales de denuncia dejarán de ser una herramienta potestativa, como elemento clave de un modelo de compliance, para convertirse en una medida preceptiva en gran parte de las entidades de los sectores público y privado
¿Qué os gustaría aportarle a la sociedad, o a colectivos profesionales concretos, con vuestro trabajo?
Apostamos por la formación en integridad y por la cultura de cumplimiento como parte del derecho a la buena administración
¿Tenéis alguna alianza o convenio con alguna entidad que ya hayáis realizado o tengáis pensado hacerlo?
Hemos firmado recientemente convenios con Women in a Legal World o Mujeres en el Sector Público, que nos permitirá realizar actividades conjuntas en cuantas materias relacionadas con el Compliance nos resulten de interés común a ambas asociaciones: la organización y realización conjunta de seminarios, jornadas y cursos.
También tenemos pendiente de firmar un convenio con Transparencia Internacional España.
Por último, ¿Cómo prevenimos la corrupción con “buenas prácticas” de compliance en la gestión pública? ¿Cuáles son esas “buenas prácticas” principales?
Frente a los casos de corrupción o el clientelismo, se hace cada vez más necesario el establecimiento de marcos de integridad. El cumplimiento de la ley ha de complementarse con una política de prevención sólida, acompasada por la formación en ética e integridad, con el objetivo de alcanzar una mejora de la calidad de la gobernanza de las instituciones y del sector público.
Y para ello, la traslación al ámbito público de las políticas de Compliance se presenta como una técnica innovadora que permitirá adoptar enfoques eficaces basados en los marcos de integridad institucional de la OCDE.
Como bien afirma JIMENEZ ASENSIO “No haremos “buena Gobernanza”, buena política o buena administración sino tenemos en cuenta –como dijo Schumpeter- “la idoneidad del material humano”. La calidad de los gobernantes, en palabras de Adam Smith, se concentra en dos atributos: capacidad política y moralidad (“la mejor cabeza junto unida al mejor corazón”12). Los directivos y empleados públicos deben, asimismo, acreditar idoneidad profesional, mérito y capacidad. La eficacia y eficiencia de la Administración Pública está en juego.”
Nos atrevemos a proponer un método para reforzar la integridad institucional, generar responsabilidad y confianza en las instituciones. Se trata del método 9-4: 9 ejes y 4 retos a abordar por la Administración. Cada uno de estos ejes y retos es susceptible de descomponerse en subejes y medidas para completar el sistema de integridad que estamos esbozando en líneas generales.
Este método surge del estudio de los documentos consultados internacionales (fundamentalmente la OCDE y la ONU), de códigos éticos aprobados por distintas Administraciones, así como de la lectura de autores referentes en esta materia que con claridad, sencillez y rigor nos ilustran las mejores prácticas.
Los 9 ejes son:
- Análisis y gestión de riesgos de corrupción
- Elaboración de códigos éticos, políticas y procedimientos
- Establecimiento de un canal de denuncias ante los posibles incumplimientos
- Sistema disciplinario frente a los incumplimientos
- Formación
- Supervisión y evaluación del sistema de integridad
- Creación de órganos de ética e integridad
- Mecanismos adecuados de rendición de cuentas
- Reforzar los sistemas de control internos y externos
Los 4 retos a los que se enfrenta la Administración son:
- Big data y el uso de la inteligencia artificial
- Creación de valor mediante la innovación pública
- Planificar y mejora la gestión de los recursos humanos
- Romper el “techo de cristal” desarrollando las acciones adecuadas para posibilitar que más mujeres se incorporen a los puestos de decisión en la Administración pública.
En definitiva, la Administración pública en particular y el sector público en general debe liderar con el ejemplo y conducir su actividad de acuerdo con los más altos estándares de integridad y buena gobernanza, priorizando el interés público sobre otros intereses particulares y adoptando pautas de actuación eficientes para reducir los incumplimientos legales y conductas contrarias a los principios éticos que deben inspirar la actuación de Administraciones e Instituciones públicas.